INCLUSION SOCIAL
La inclusión social parte del reconocimiento de la dignidad de las personas y por tanto del respeto
a su libertad y su autodeterminación. En consecuencia, un aspecto central de esta perspectiva es
el reconocimiento y restitución de los derechos plenos de la persona: a la vida, al trabajo, a la
educación, a la salud. Se trata de mejorar integralmente sus condiciones de vida y promover su
reintegración social estimulando redes de apoyo y acogida.
Lo anterior implica de entrada transformar la visión del individuo aislado, subvalorado y enfermo,
por la de una persona con las capacidades potenciales para participar activamente en su proceso
de reintegración social y tener un lugar social, un papel en la comunidad. Implica también el
respeto por la diversidad y las capacidades, opciones y expectativas de las personas.
MARCO NORMATIVO
El marco normativo en relación con el reconocimiento de los derechos de las personas en
situación de discapacidad es amplio, tanto en el ámbito internacional, como en el nacional y
regional, esto ha llevado al reconocimiento legal de la discapacidad lo cual ha facilitado los
esfuerzos por caracterizar la población, identificar las necesidades, eliminar barreras físicas y de
comunicación que permitan igualar las oportunidades para esta población.
Es así como en el plano internacional se han publicado: la Declaración de los Derechos del
retrasado mental (1971), la Declaración de los Derechos de los impedidos,(1982);el Manual para la
equiparación de las oportunidades para los impedidos(1986), Incapacidad, situación, estrategia y
política (1987), Programa de acción mundial para las personas con discapacidad (1988), los
Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud
mental (1991), las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad (1993).
En Colombia, la constitución política de 1991 protege a las personas con discapacidad. En
particular, el articulo 13 define que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan.
En Colombia se han formulado diversas normas que orientan los programas, tanto en beneficios
de las personas en situación de discapacidad como de su prevención: La ley 82 de 1982, de
Readaptación profesional; la ley 100 de 1993, Sistema General de Seguridad Social en Salud; la ley
60 de 1993, sobre la Distribución de Competencias; la ley 105 de 1993, sobre Transporte; la ley
119 de 1994, de la Reestructuración del SENA; la ley 115 de 1994, Ley General de Educación; la ley
181 de 1995, de Fomento del Deporte y la Recreación, la ley 324 de 1996, de Protección a las
personas con disminución auditiva y la ley 361 de 1997, de Protección de las personas en situación
de discapacidad.
Todo lo anterior permite entender que se cuenta con la reglamentación de soporte a las acciones
que desde las diversas entidades del Estado, con el acompañamiento de la sociedad civil se
implementen para acercar los beneficios de la seguridad social y de las políticas de bienestar.
Dada la dimensión de la problemática social de las personas en situación de discapacidad,
evidente cada vez más por el incremento de la violencia, en especial la relacionada con el maltrato
intrafamiliar, las condiciones de desplazamiento y desarraigo, la carencia de recursos para el
mantenimiento básico cotidiano y la ausencia de oportunidades de vinculación laboral, el
gobierno, tanto nacional como distrital, han diseñado las líneas de Política Social que soportan las
intervenciones institucionales, fundamentadas en el reconocimiento de los derechos y las
estrategias de participación ciudadana e inclusión social.
El proceso de construcción de la Política Nacional para Atención a las Personas en Situación
de Discapacidad esta fundamentado en experiencias internacionales y nacionales ajustadas a los
nuevos modelos de organización y gestión del estado. El Plan Nacional de Atención para Personas
en situación de Discapacidad ha tenido en cuenta los principios constitucionales y el desarrollo
legislativo en materia de discapacidad y soportado en los principios de igualdad, tolerancia y
respeto a la diferencia, mantiene un carácter intersectorial e interinstitucional descentralizado que
permite la articulación y cualificación de las acciones realizadas en torno a esta población. Los ejes
del plan giran en torno a la descentralización, la participación social activa y la construcción de
redes de apoyo social que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad
y sus familias, el desarrollo de una cultura de convivencia y el respeto a los derechos
fundamentales.
[Fuente: (Plan Nacional de atención para personas en situación de discapacidad, Plan de
desarrollo Distrital, PolíticaDistrital de discapacidad, Plan Distrital de atención para personas con
discapacidad)]
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